Los resultados de las pruebas de aptitud para ingresar a la
Universidad, divulgados hace poco, ponen de golpe sobre la mesa otra prueba del
carácter antidemocrático de la sociedad ecuatoriana. El asunto no ha merecido
mayor atención: ni asambleístas, ni partidos políticos, ni editorialistas, ni
ex-administradores públicos, ni defensores de la democracia ni el mismo
gobierno han dado muestras de preocupación.
Según los responsables, la prueba no era de conocimientos
sino de aptitudes y condiciones generales para adquirirlos y operar con ellos
(capacidad de interpretar, comunicar, argumentar, formular proposiciones,
resolver problemas…) en tres campos: lenguaje, matemáticas y razonamiento
abstracto. Se inscribieron 57.292 bachilleres. 11.602 desertaron: no acudieron
a la prueba; y, 25.567 obtuvieron una puntuación insuficiente. Así pues, por el
momento 37.169 estudiantes, el 64 por ciento de los inscritos, han quedado al
margen del camino universitario, en el que mostraron interés. Son resultados
para enrojecer a cualquier profesor, a cualesquiera de los dirigientes
sindicales de educadores, a cualquier ministro de educación, del pasado y el
presente.
Por las universidades que participan en el programa en que se
inscriben las pruebas (cinco; todas estatales), se puede deducir que la mayoría
de esos 37.169 estudiantes procedían de colegios fiscales: los de los
pobres. Las clases media y alta tienen
otros planes universitarios; siguen otros caminos.
He aquí un viejo y gravísimo problema del país: el sistema
educativo estatal sigue fomentando la desigualdad e infligiendo agravios a la
mayoría, cuyos hijos tienen pocas posibilidades de llegar a la universidad;
nuestra educación pública continúa reforzando la división social y los
privilegios, la subordinación de la mayoría a la minoría, la insultante
jerarquización a favor de las clases media y alta, cuyos miembros más jóvenes,
educados en colegios y universidades de élite, están destinados a dominar en el futuro a sus congéneres de los centros
fiscales.
Cierto: se trata de un asunto endemico de la república, que
se ha mantenido y fortalecido de era en era, de gobierno en gobierno. El actual
ha tenido cinco años para estudiar los problemas de la educación pública en
función de factores sociales, culturales, económicos, de género, de medios, de
métodos, administrativos, organizativos, para valorar estímulos, la preparación
y el desempeño profesional de los maestros, la calidad y suficiencia de la
infraestructura… Cinco años para promover la equidad en el aprendizaje y en sus
resultados. Y hoy esos resultados dicen que lo que tenía que hacerse no ha sido
hecho. ¿Quién responde? Dado el régimen de gobierno impuesto por el presidente, en el que los ministros son
sólo ejecutantes, es evidente que es él mismo quien tiene que responder.
Pero así como el país discutió durante meses sobre el honor,
las injurias y la libertad de prensa pero no tuvo palabras de solidaridad con las
357 niñas violadas en escuelas de Guayaquil al mismo tiempo que transcurría el
famoso juicio a El Universo, entre enero y septiembre de 2011, ni con las 8.500
mujeres agredidas en la misma ciudad y época, así ahora, acaso imbuidos todos
de la misma ideología aristocrático-burguesa que llevó al presidente a su
juicio, quizá nos felicitamos de las ‘escuelas del milenio’, el bachillerato
internacional y las ‘becas para estudiantes de alto rendimiento’ pero callamos
ante la triste realidad de esos 37.169 estudiantes que desertaron o fueron
declarados no aptos para entrar a la Universidad después de doce años de acudir
a los centros de enseñanza pública.
En una democracia, ¿cuál es la finalidad de la educación
pública? ¿Proveer estatus o promoción social; la excelencia; o el aseguramiento
de la igualdad de oportunidades, la asimilación de principios, habilidades y conocimientos necesarios para
la cohesión y el desarrollo de la comunidad, una clara conciencia de derechos humanos
y civiles?
Sospecho que, paradójicamente, en este caso no podremos
distinguir los dos bandos del caso El Universo. Es posible que, en el fondo,
todos estemos juntos en el mismo discrimen, en el mismo agravio, al amparo de
la misma espuria democracia. Calla la ministra, calla el presidente, callamos
todos: nadie se pronuncia sobre esas 357 niñas violadas, las 8.500 mujeres
golpeadas, esos 37.169 estudiantes pobres incapaces de comparecer y superar
pruebas de interpretación, comunicación, comprensión y solución racional de
problemas… Nada decimos –nos prohibimos hablar- sobre el suicidio infantil,
cuyas cifras erizan la piel, nada sobre el analfabetismo, aún no erradicado.
Un demócrata estaría preocupado y apenado por esta clase de
asuntos. Por el resultado de las pruebas piloto exigiría un debate y un acuerdo
nacional para transformar la educación pública, y querría que en éste se
discutiera sobre el precio moral y social que todos pagamos, individual y
colectivamente, por sostener entre todos la aberrante desigualdad social a
través de la educación; y que se reflexionara también sobre el costo moral y
social que supone el régimen de competencia y el rampante individualismo que
hoy se fomenta con la política aristocrático-burguesa de “los mejores” y la
“excelencia”; un gobierno democrático o que
aspirara a la democracia, impulsaría una revolución genuina en la
educación, construiría un sistema que apunte a una comunidad de seres libres,
solidarios e iguales, máxima meta de una auténtica democracia.
Mario Campaña,
Baltimore, 9 de abril de 2012
